
El cobre, históricamente el bastión exportador de Chile, gana terreno en la Argentina con reservas estimadas entre 90 y 116 millones de toneladas y un total de 18 proyectos en desarrollo, concentrados principalmente en San Juan, Salta y Mendoza. Pese a ese potencial —y a contar con la mayor inversión bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI)— el metal aún no logra afianzarse en la gran minería nacional ni competir en escala con el país vecino, principal productor mundial.
Entre los proyectos de gran escala se destacan José María, Los Azules, El Pachón, Taca Taca y MARA, de acuerdo con un relevamiento de la Agencia Noticias Argentinas. En conjunto, se proyectan inversiones superiores a los 35.000 millones de dólares para los próximos años, con un despegue productivo previsto entre 2026 y 2028, lo que podría convertir al cobre en el principal mineral de exportación del país.
En ese marco, el yacimiento Filo del Sol, ubicado en Vicuña sobre la frontera entre San Juan y Chile, se consolidó como uno de los mayores hallazgos de cobre y oro de los últimos 30 años. Con una inversión inicial de al menos US$2.000 millones bajo el RIGI, el proyecto impulsado por BHP y Lundin Mining podría demandar hasta US$15.000 millones y comenzar a exportar cobre, oro y plata a partir de 2030.
La Argentina no produce cobre a escala industrial desde el cierre de Bajo de la Alumbrera, en Catamarca, en 2018. Sin embargo, concentra varios proyectos considerados de clase mundial. La brecha entre potencial y realidad se explica, principalmente, por los extensos plazos mineros, la falta de infraestructura y la incertidumbre regulatoria.
Lógica de largo plazo
La minería de cobre no responde a una lógica de corto plazo. Entre el descubrimiento de un yacimiento y su entrada en producción pueden transcurrir dos o incluso tres décadas. Estudios geológicos, ingeniería, permisos ambientales, financiamiento y construcción conforman una secuencia extensa y costosa.
Según un análisis de S&P Global, en países como Estados Unidos —uno de los mercados más desarrollados y con mayor información histórica— el desarrollo de una mina desde el descubrimiento hasta la producción puede demorar cerca de 29 años, con casos que superan los 35. En la misma línea, la International Energy Agency señala que los proyectos de minerales críticos suelen demandar, en promedio, unos 17 años desde el hallazgo hasta la producción.
En los emprendimientos de gran escala, la decisión de invertir no depende solo de la calidad del recurso. Las empresas también evalúan si el país ofrece condiciones mínimas de soporte, como redes ferroviarias, acceso a energía eléctrica, disponibilidad de agua, rutas, puertos y una logística integrada.
El peso de la infraestructura y la regulación
En los países competidores, buena parte de esa infraestructura es provista o facilitada por el Estado. En la Argentina, en cambio, esos costos suelen recaer directamente sobre los proyectos. Así, la comparación entre un emprendimiento de US$2.000 millones en el país y otro de igual magnitud en Chile se vuelve desfavorable cuando el inversor debe construir desde cero rutas, puertos y accesos energéticos, una situación que recuerda a la experiencia de Vaca Muerta.
En el plano regulatorio, la Ley de Glaciares aparece como un condicionante clave para varios proyectos de cobre. A diferencia de otros países con presencia de glaciares y actividad minera, el marco argentino establece una presunción de incompatibilidad automática en zonas periglaciares, lo que restringe el avance de los emprendimientos incluso antes de una evaluación ambiental específica.